Viviendas

Estudiarán la propuesta hecha por la Junta para el suelo urbanizable. Quieren saber los efectos reales que tendrá la reforma de la LOUA en Córdoba

Los parcelistas esperan tener un primer plan de dotación de servicios básicos para las urbanizaciones irregulares en febrero, mes en el que la actividad parlamentaria habrá recobrado totalmente la normalidad tras el paréntesis navideño. La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano (integrada por los consejos de distrito de El Higuerón, Santa Cruz, Trassierra, Villarrubia, Alcolea y Cerro Muriano y por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara) se reunió ayer con representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, IU, PP, Ciudadanos y Podemos para abordar la propuesta que ha hecho la Junta en relación a la dotación de servicios básicos a las parcelaciones ilegales. En la reunión también estuvieron representantes de la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya y de la Federación Calu, que se suman a la comisión de periferia para trabajar por la consecución de los servicios básicos.

La reunión fue convocada por el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) para conocer el grado de implicación que tendrán los grupos parlamentarios en el proceso que se va a iniciar. Su presidente, Juan Andrés de Gracia, destacó la buena predisposición de todos y que el acuerdo adoptado fue «iniciar los mecanismos de negociación necesarios entre los grupos parlamentarios y la comisión de periferia para ver si podemos cerrar la propuesta de la Junta con las aportaciones» que hagan unos y otros, de forma que haya un plan «consensuado».

Según De Gracia, la comisión estudiará si el plan de la Junta permitirá dar servicios a corto plazo y las urbanizaciones a las que beneficiará, ya que hay aspectos «interpretables» que quiere que se aclaren. Para que no haya dudas, pedirá una reunión con Urbanismo y con la Junta. Cuando esté todo claro, la comisión trasladará a los grupos su postura y si estos llegan a un acuerdo, la propuesta podría aprobarse en el Parlamento en febrero. De Gracia asegura que el objetivo es no levantar falsas expectativas y que la reforma de la LOUA dé resultados en Córdoba.

La propuesta de la Junta se ciñe, según De Gracia, a suelo urbanizable con plan parcial aprobado y deja en manos del Ayuntamiento la interpretación, de ahí que la comisión quiere más concreción. La propuesta que presentó Urbanismo (que trabaja en hacer aportaciones al plan de la Junta) hace unos meses consiste en adelantar servicios a parcelaciones con juntas de compensación constituidas. Leer más

Diario Córdoba 19/12/2017

La comunidad espera iniciar este mismo año las obras de urbanización. Recibe la certificación definitiva del proyecto de reparcelación.

La urbanización Cuevas de Altázar ya está en disposición de inscribir como urbanas las parcelas que siempre han sido rústicas. Este es el paso que le da carácter legal a la urbanización que proviene del PGOU del 86 y se produce después de la entrega por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo del certificado de firmeza del proyecto de reparcelación a los representantes de la junta de compensación.

Cuevas de Altázar cuenta ya en su poder con el certificado de firmeza del acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo el 3 de febrero de este año en relación a la aprobación y posterior ratificación del texto refundido del proyecto de reparcelación. Tras este paso quedan algunos trámites más previos a la inscripción en el Registro, aunque, como explica el presidente del consejo rector de la parcelación, Juan Manuel León, esa certificación «da vía libre para ir al notario y llevar el proyecto de reparcelación tal y como queda con las parcelas divididas». Además, y según asegura, Cuevas de Altázar se convierte en «la primera parcelación en la que se hace el certificado de firmeza en Córdoba». León calcula que en un mes tendrán «la minuta (libro) con las fichas, que se enviará al Registro de la Propiedad». (más…)

El objetivo es agilizar la dotación de servicios básicos en las parcelaciones urbanizables.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), y el tercer teniente de alcalde y consejero de la GMU, Emilio Aumente (PSOE), se han reunido en Sevilla con los diferentes grupos parlamentarios del Parlamento andaluz con el objetivo de exponerles la propuesta de modificación, que en abril les envió el Consistorio cordobés, respecto a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Según ha informado el Ayuntamiento, García ha recordado que, «desde el principio», el Ayuntamiento dijo que «la reforma de la LOUA que planteó la Junta de Andalucía tiene muy poco efecto en Córdoba, puesto que en nuestra ciudad existen peculiaridades que en otros municipios no se dan». Por ello, sigue «insistiendo» el Consistorio con su propuesta, «puesto que puede agilizar el proceso referente a la dotación de servicios básicos en las parcelaciones que el PGOU reconocía como urbanizables». (más…)

Dotará de los servicios básicos a las viviendas irregulares que se podrán legalizar con la nueva Ley del Suelo.

La nueva Ley del Suelo que el Gobierno regional remitió esta semana a la Asamblea de Madrid incluye una amnistía para regularizar un centenar de asentamientos ilegales en municipios de la Comunidad; unas edificaciones que se llevan tratando de regularizar en los plantes urbanísticos de los ayuntamientos correspondientes desde los años 80. Se trata de urbanizaciones que nacieron en terrenos rurales y en las que los propietarios construyeron primero casetas, y posteriormente hasta chalets, sin autorización de los consistorios, ya que estaban en parcelas no urbanizables. Son edificaciones que no cuentan con instalaciones de servicios –agua, luz, alcantarillado–, ni viales. Sus propietarios toman el suministro de pozos, utilizan depósitos sanitarios para sus deshechos y llevan más de treinta años incumpliendo la legalidad urbanística.
Se trata de situaciones similares a las de la Cañada Real Galiana –que en este caso cuenta con ley propia y, por lo tanto, está fuera de este proceso de regularización–, que se trataron de reparar en la Ley 9/1985 de la Comunidad para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. En dicha norma se creó un procedimiento de legalización que, según explica José Tortosa, director general de Urbanismo del Gobierno regional, «fue un fracaso debido a su complejidad». Es por ello que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha elaborado ahora un nuevo itinerario para poder integrar en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) este tipo de asentamientos ilegales, siempre y cuando no incumplan la normativa medioambiental.
De este modo y a iniciativa de los propietarios de estas urbanizaciones irregulares, la Comunidad facilitará con los ayuntamientos el camino a la legalización. Una vez realizada la solicitud, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se estudiará la casuística y se realizarán informes sectoriales para ver si es posible la regularización. Si todo está en orden y mientras el ayuntamiento competente elabora un Plan Especial para incluir los terrenos en el PGOU, la Comunidad de Madrid proporcionará lo que Tortosa calificó de «urbanización blanda», con los servicios mínimos de agua, luz, saneamiento y viales. «Como previo paso a la legalización a través del planeamiento municipal y tras los informes favorables de Medio Ambiente, se costeará la instalación de servicios y suministros para después reparcelar y urbanizar», detalló el director general de Urbanismo.

Prescripción en ocho años

Eso sí, la regularización no está al alcance de todo aquel que quiera construir una casa ilegal. No sólo es necesario pasar por el informe favorable de Medio Ambiente sino que además la norma está dirigida a los asentamientos preexistentes y no se les permitirá crecer, a menos que sea mediante el procedimiento habitual de modificación del PGOU. Y es que el origen de estos terrenos está en la rápida prescripción de la falta urbanística, apenas cuatro años, y el coste de la restauración –habitualmente por demolición– para los consistorios, que suponían un elevado gasto para las arcas municipales.
Para evitar más asentamientos de este tipo, la nueva Ley del Suelo amplía el plazo de prescripción de estas infracciones hasta ocho años y se endurece el régimen sancionador. Asimismo, las administraciones tendrán la posibilidad de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de las infracciones, y, lo más importante, no tendrán que asumir el coste de las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, ya que será el infractor quien deberá pagar por ello. «Los asentamientos ilegales que no se puedan regularizar están condenados a desaparecer, por que no se podrán mejorar ni rehabilitar para alargar su vida útil», advierte Tortosa. Leer más

El concejal del PP, Luis Martín, ha afirmado que la medida afectaría a aquellas que estén en suelo urbano o urbanizable.

El concejal del PP Luis Martín ha solicitado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) elabore un documento consensuado con todos los colectivos ciudadanos y con los grupos municipales para adelantar luz y agua a las parcelaciones que estén en suelo urbano y urbanizable y que se encuentren en proceso de regularización.

Esta fue una propuesta que el presidente de la GMU, Pedro García, presentó el pasado mes de marzo para que se incluya en la futura reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). (más…)