La regularización de Barquera Norte encalla

La urbanización que iba a ser la primera en legalizarse y estar en obras para lograr servicios básicos como agua y luz lleva nueve meses atascada.

Algo más de año y medio ha pasado ya desde que la Gerencia de Urbanismo aprobara el proyecto de reparcelación de Barquera Norte, paso mediante el que esta urbanización iba a poder inscribir en el Registro de la Propiedad sus parcelas rústicas como urbanas y afrontar la última fase de la legalización. En aquel momento, Barquera Norte era la primera parcelación de las incluidas en el PGOU del 2001/3 en suelo urbanizable que alcanzaba esta meta, ya que otras que iban también muy adelantadas en los trámites de regularización, como El Cruce o Cuevas de Altázar, vienen del PGOU del 86 y figuran en el vigente como suelo urbano. Ese paso iba a permitir emprender el proyecto de urbanización y ejecutar las obras que posibilitarían la dotación de servicios básicos. Sin embargo, año y medio después, el proyecto de reparcelación no ha adquirido firmeza y Barquera Norte no ha culminado la legalización, que ha encallado, agudizándose, al mismo tiempo, las diferencias internas que existen desde hace años.

Más de una década de trámites para legalizar

Barquera Norte es solo una parcelación más de las más del centenar que existen en la ciudad, pero, al ser la que iba más avanzada, ha sido referente para otras en distintas fases del largo proceso de legalización. Por ello, el atasco que padece se convierte en un tema de ciudad y pone en evidencia los múltiples problemas, tanto internos como externos, que puede experimentar una urbanización al regularizarse.

Los intentos de legalización de Barquera Norte se remontan a antes del 2005, aunque fue en el 2007 cuando el Ayuntamiento aprobó su plan parcial. Hitos importantes fueron el visto bueno a su proyecto de estatutos en el 2009; el acuerdo para la aportación de garantías en el 2012; y la constitución de la junta de compensación -conjunto de propietarios que se adhieren- poco después. En julio del 2014, empezó a tramitar su proyecto de reparcelación, que recibió 21 alegaciones, que resolvió Urbanismo en febrero del 2015, estimando unas -total o parcialmente- y desestimando otras, y exigiendo «un documento refundido que debería contener el resultado de las alegaciones, la desafectación de la vía pecuaria y la monetarización del 10%» del suelo, 528.004 euros que había que abonar al organismo municipal.

Más de una veintena de recursos al proyecto

El proyecto aprobado de forma definitiva el 25 de marzo del 2015 recibió 24 recursos de reposición, que no fueron contestados por Urbanismo hasta el 27 de enero del 2016. Muchos de esos recursos insistían, entre otras advertencias, en que persisten «errores en las mediciones», en que unas parcelas llevan «incorporada una parte de caminos y otras no», y pedían la anulación del proyecto de reparcelación. Urbanismo estimó la mayoría de las pretensiones de los recurrentes y detectó «discordancia o error aritmético» en las superficies, que pidió que se explicasen. También solicitó al equipo redactor -Ecourbe- que aclarase la superficie de caminos incluida en las fincas, reclamándole «un documento con las aclaraciones y correcciones estimadas», que «si carecieran de carácter sustancial, no requeriría nueva información pública».

Nueve meses han pasado desde los recursos

Desde aquel acuerdo han pasado nueve meses, percibidos de diferente manera por los anteriores dirigentes de Barquera Norte y por los actuales. Barquera Norte estuvo durante varios años presidida por Antonio Avilés, que dimitió por motivos de salud en diciembre del 2015 y fue sustituido por José Porras. Sin embargo, el 10 de abril del 2016 hubo elecciones y desde entonces preside la junta de compensación Rafael Salazar, que, a su vez dirige la asociación Nuevo Higuerón, que, junto a Córdoba Extrarradio, está llevando a cabo protestas como cortes de calles y carreteras en la ciudad e irrupciones en el Pleno para reclamar agua. Las divergencias entre los anteriores representantes de Barquera Norte y los actuales vienen de lejos y abarcan aspectos como los costes de la legalización, que los segundos piensan que serán el doble de lo que indican los primeros. Además, ambos se acusan mutuamente de «irregularidades».

La entrega del texto y su posterior paralización

Poco antes de la asamblea del 10 de abril, el 18 marzo del 2016, el anterior secretario de la junta de compensación envió un escrito a Urbanismo para informar de la entrega de «dos ejemplares» del proyecto de reparcelación «dando cumplimiento a las aclaraciones y/o subsanaciones» puestas de manifiesto en enero. Un mes después, Rafael Salazar, como nuevo presidente de Barquera Norte, presentó otro en Urbanismo asegurando que el texto refundido entregado por la anterior rectora «no ha corregido algunos errores muy graves ya denunciados en los recursos», entre ellos «la delimitación de las parcelas y la georreferenciación obligatoria de las mismas». Por ello, solicita «la paralización de la tramitación» del texto «hasta que no sea suficientemente revisado por los técnicos competentes designados por esta parte y por los servicios municipales afectados». Paralelamente, y según indica Urbanismo, Planeamiento exigió los planos georreferenciados para cumplir el acuerdo de enero.

A partir de la asamblea de abril, a Urbanismo han llegado numerosos escritos, entre ellos recursos que exigen la «nulidad del acuerdo» de renovación de la directiva. Entre esos documentos, muchos de ellos firmados por Rafael Díaz, portavoz de la antigua rectora, está la petición de una reunión ante «las tensiones existentes» o que «tome cartas en el asunto» ante las dificultades que aseguran que tienen para conseguir copia del proyecto.

La aprobación del proyecto, en el juzgado

A esto se une que Buenasierra Inversiones ha recurrido en el juzgado el acuerdo de Urbanismo de enero del 2016 que aprobaba el proyecto de reparcelación, reclamando su nulidad, entre otras razones, «por vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas».

Mientras, los anteriores representantes de Barquera Norte siguen a la espera de que el proyecto de reparcelación adquiera firmeza para culminar la legalización y muestran su malestar por la paralización. Su portavoz, Rafael Díaz, manifiesta la «indefensión» que sienten los junteros y se queja de la actitud de Urbanismo y de los actuales dirigentes de la urbanización, a los que pide que presenten la documentación que falta. Por su parte, Rafael Salazar insiste en que «el proyecto de reparcelación no tiene nada que ver con la situación física» de la urbanización, por lo que una empresa está revisando «las georreferencias», que entregarán a Urbanismo cuando estén, con el «certificado de dos empresas externas que corroboren que el proyecto no tiene nada que ver con la situación física» de la parcelación. A partir de ahí, añade, «Urbanismo decidirá si se aprueba o se hace nuevo».

Urbanismo considera claves para aclarar el problema existente los planos georreferenciados. Hasta que todo este embrollo se resuelva, la legalización total de Barquera Norte está en el aire. Leer más

Diario Córdoba 24/10/2016