Marco legal para las parcelaciones
La reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) acordada ayer por el Parlamento andaluz da un paso importante, si bien no definitivo, en la implementación de un marco legal que permita regularizar las parcelaciones ilegales que no están situadas en zonas inundables ni de especial protección. La norma, aprobada con un consenso amplio de PSOE, Ciudadanos y PP –la abstención de Podemos e IU-CA se basa en que no abarca la totalidad del problema– permitirá la regularización de unas 25.000 viviendas en la comunidad autónoma. Permite también que salgan del limbo las edificaciones aisladas, que, si tienen más de seis años de antiguedad y reúnen determinados requisitos, podrán ser inscritas en el registro y, si es viable, recibir servicios de abastecimiento de agua y electricidad. Finalmente, impone a los municipios la obligación de identificar en dos años, si no lo han hecho hasta ahora, los asentamientos, núcleos irregulares o viviendas ilegales de sus términos municipales. En Córdoba esto afecta a 28 municipios de la provincia, ya que otros 27 han declarado que no sufren ese problema en sus territorios y es innecesario hacer ese estudio, mientras otros 20, entre los que se incluye la capital, ya han elaborado un avance en el que identifican las urbanizaciones ilegales.
La normativa no ayudará a todos estos asentamientos –de hecho, desde el Partido Popular se señala que hay 275.000 familias andaluces residentes en viviendas ilegales–, pero permitirá ir resolviendo las situaciones más cercanas a la legalidad y también beneficiará a muchos propietarios que podrán contratar servicios básicos.
La permisividad política y administrativa que durante años ha facilitado la proliferación de parcelaciones ilegales en toda España ha llevado el fenómeno a tal extremo que no hay más remedio que buscar soluciones para convertir las actuaciones de hecho en actuaciones legales. Los propietarios saben que eso tendrá un coste económico, como es justo que así sea, y los ayuntamientos están obligados a dejar de mirar para otro lado y afrontar la situación. Es bueno que se cree un marco jurídico adecuado, aunque este deberá ir seguido, inevitablemente y en aras de la eficacia, de actuaciones firmes desde los ayuntamientos y la Junta. En Córdoba, el ejemplo más grave de las parcelaciones lo tenemos en la capital, donde algunas –las que están en zona inundable, o en el entorno de Medina Azahara– tienen casi imposible su regularización. Ahora, todos los municipios de Andalucía deberán afrontar el problema, y quizá esa dinámica sirva también para dar un impulso a la situación en Córdoba. Los ayuntamientos deberían aprender, aunque tarde, la lección de las consecuencias de tolerar la indisciplina urbanística, una tolerancia que, al final, ha enriquecido a unos pocos y dejado en un callejón sin salida a miles de ciudadanos. Leer más
Diario Córdoba 21/07/2016
