El Ayuntamiento debe culminar alguno de los procesos de legalización que van más avanzados y sacar partido al AFO mientras que la Junta ha de reformar la LOUA.
Hace un año el Pleno aprobaba una moción con distintas propuestas. Unas iban dirigidas al Ayuntamiento. Otras reclamaban la atención de la Junta. Después, el Parlamento hacía suyas esas demandas, que quedaban a la espera de una concreción. Tras la aprobación del inventario de edificaciones en suelo no urbanizable, Urbanismo ha estado trabajando en el borrador con medidas para abaratar las obras de urbanización y en el documento para adelantar los servicios básicos. Sin embargo, ninguno de estos dos documentos han logrado el visto bueno definitivo. Paralelamente, y en cuanto a los procesos de legalización ya iniciados, ha seguido dando pasos respecto a la cesión del 10% del suelo, llegando a acuerdos con Barquera Norte, Cuevas de Altázar y El Cruce, que están a un paso de la regularización. Por otro lado, está la concesión de Asimilados al Fuera de Ordenación (AFO), que no tiene los resultados esperados.
Entre las peticiones dirigidas a la Junta, y aprobadas después por el Parlamento, estaba la de rebajar la cesión del aprovechamiento urbanístico al 5%; posibilitar la dotación adelantada de servicios con el proyecto de reparcelación aprobando un avance del de urbanización; y establecer la cuantía de las multas en un porcentaje fijo teniendo en cuenta si la casa es única vivienda y residencia habitual. Sin embargo, este año la actuación de la Junta se ha centrado en anunciar una reforma de la LOUA para dar salida a casas ilegales que no pudieron beneficiarse del decreto del 2012 y que tendrá poco efecto en Córdoba. Las elecciones autonómicas harán que se retrase esa modificación, aunque la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, dijo la semana pasada que la reforma está ya en el Consejo Consultivo.
Avanzar no es fácil. Ni para el Ayuntamiento. Ni para la Junta. Ni para nadie. Barquera Norte es uno de los ejemplos de que el camino es complejo, aunque cada vez está más cerca de ser la primera que se legaliza. Solo falta la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y su posterior inscripción en el Registro. Después llegarán las obras de urbanización. De momento, para una primera fase baraja dos opciones. En la primera (con urbanización subterránea, depuradora, 10% de suelo, costes técnicos, tasas urbanísticas y notaría) calcula un coste de 15.000 euros por parcela de 1.000 metros, mientras que en la segunda (en la que sustituye urbanización por agua potable) estima un gasto de 6.300. Urbanismo les da la posibilidad de fraccionar el pago del 10% en cinco años. Como ejemplo, una parcela de 1.250 metros abona a Urbanismo 2.700 euros.
Cuevas de Altázar también está luchando por llegar al final del proceso de legalización, al igual que otras urbanizaciones incluidas en Alamiriya. En otra situación se hallan las parcelaciones de suelo no urbanizable, que, a pesar de la posibilidad del AFO, tampoco lo tienen fácil y se encuentran en un continuo camino de indefinición, sobre todo las del BIC de Medina Azahara, Sierra e inundables. Leer más
Diario Córdoba 16/03/2015