Apaig denuncia la falta de luz y la contaminación del agua de los pozos. Alamiriya reclama la creación de una oficina para agilizar la regularización.
La plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) y la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) participaron ayer en la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento, donde comparecieron, al igual que otros catorce colectivos más, para exponer sus propuestas de cara a la reforma de varios artículos de la LOUA, anunciada por la Junta en la pasada legislatura y que llevará a cabo durante esta. «En representación de miles de afectados por la LOUA», el presidente de Apaig y presidente en funciones de CALU, Francisco León, expuso que el objetivo de estos dos colectivos es «concienciar a todos los parlamentarios y a todos los grupos políticos» de la «necesidad urgente de buscar soluciones a la lacra que, por una causa u otra, perdura en el tiempo», y de dejar ya de «buscar culpables».
Francisco León aseguró que hay muchas personas en situación «límite», que están enfermas o son mayores y que no tienen luz ni agua, lo que considera un hecho «muy grave». A esto se une el problema de «los pozos con el agua contaminada», ya que, según indicó, «cada vez hay más». Por ello, el presidente de Apaig pidió apoyo a todos los grupos políticos y que se pongan «de acuerdo» para «arreglar definitivamente» esta situación.
A la comisión asistió también el presidente de la mancomunidad de juntas de compensación Alamiriya, Manuel Sánchez, que denunció la «burocracia y exceso de papeleo existente» en la regularización de parcelaciones. Sánchez reclamó que «en cada ayuntamiento exista una oficina exclusiva del territorio que se dedique a arreglar el problemas de las parcelaciones». A su juicio, esa oficina debe centrarse en visitar la zona, valorar los problemas, «y eso llevará a una agilización y contribuirá, junto a la modificación de la LOUA, a que se vayan subsanando».
Junto a ellos estuvo Manuel Hidalgo, de la Federación de Las Lagunas de Chiclana, integrada también en CALU, que reiteró los problemas de suministro que hay en muchos puntos por «la contaminación del subsuelo» y recordó la «frustración» existente porque «se dilatan los procesos» de regularización. Aseguró que con el decreto del 2012 sobre las edificaciones en suelo no urbanizable hubo «una esperanza» porque «iba a ser la solución», pero, tres años después, se han beneficiado un «0,7%».
Como respuesta a estas intervenciones, IU mostró su preocupación por los riesgos para la salud pública de la contaminación de pozos, al igual que Podemos. Ciudadanos, por su parte, manifestó que está dispuesto a escuchar a estos colectivos, así como el PP. Por último, el PSOE subrayó que la «casuística» es diferente en Andalucía «y llegar a soluciones conjuntas y globales es difícil», por lo que el tema de las parcelaciones «habrá que atajarlo por partes». Leer más
Diario Córdoba 02/12/2015