Proponen al Ayuntamiento que suavice la protección del suelo de Córdoba para regular más parcelaciones
Las peculiaridades del municipio, con mucha superficie de suelo protegido, son un obstáculo para la regularización.
La reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aprobada recientemente por el Gobierno autonómico ha contribuido a abrir nuevos senderos para la dotación de servicios a las parcelaciones. Sin embargo, esta modificación, que ha recibido todo tipo de calificativos por parte de la oposición -el PP la considera «cobarde», IU cree que es «un parche» y Podemos afirma que puede alentar la desigualdad- está muy lejos de solucionar, al menos en la provincia de Córdoba, un mal endémico que lleva décadas dando dolores de cabeza a gobiernos y afectados. La singularidad del suelo cordobés es un obstáculo que salvar, y el Ayuntamiento, a través de la reforma del PGOU, tiene mucho que hacer en ello.
Las novedades de la LOUA apenas tendrán incidencia en Córdoba porque muchas de las parcelaciones se asientan sobre suelo protegido y su aplicación queda restringida a las que se ubiquen en suelo con Protección Especial, inundable o afectado por normativas específicas como la de protección cultural, que es el caso del entorno de Medina Azahara. Casi todo el suelo del término municipal cumple alguna de estas características.
Así las cosas, el balón de la solución a este problema lo sostienen a medias la Junta y el Ayuntamiento. El Consistorio tiene en su mano proponer a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) la retirada de la limitación de suelo protegido, que debe salir adelante con el aval del Gobierno andaluz. «La Protección Especial es una cuestión de la que se habla mucho, pero que en realidad no existe: no se puede proteger un terreno que ya está ocupado», expone el presidente del Consejo Ciudadano y responsable de ciudad física de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, Juan Andrés de Gracia. La jurisprudencia, de hecho, ha fallado a favor de esta teoría evitando sanciones penales a parcelistas.
A su juicio, la cuestión de las parcelaciones tiene dos posibles salidas: por un lado, la expropiación por parte del Ayuntamiento de las viviendas construidas sobre terreno ilegal, que tendría un coste altísimo; por otro, suavizar, sin llegar a suprimirlo, el grado de protección del suelo ocupado obligando a los parcelistas, eso sí, a asumir la responsabilidad de cuidar su entorno para no incurrir en más daños.
Una tesis que apoya el PP. El que fuera concejal de Urbanismo en el anterior mandato, Luis Martín, afirma que la reforma de la LOUA «no es significativa para Córdoba, tal y como admitió el propio consejero» y que tanto la Junta como el Ayuntamiento tienen mucho por hacer hasta dar con la solución. «Se debe reconocer la singularidad de la ciudad», afirma, e insiste en que el PP dejó mucho trabajo adelantado «como el avance en el inventario de suelo no urbanizable» que debe ahora retomarse. «El Ayuntamiento tiene que proponer y la Junta que aprobar», concluye. La anunciada revisión del PGOU seguirá alentando el debate.
Las novedades de la LOUA
Guste o no, las parcelaciones existen. A partir de los años 80, el fenómeno vivió un «boom» al que no se le supo poner coto, y en la actualidad hay en torno a un centenar de conjuntos de viviendas repartidos por diferentes terrenos no urbanizables dentro del término municipal cordobés. De aquellos barros, estos lodos: una parte de estas casas, levantadas en zonas que no estaban pensadas para alojar vecinos, carecen de los servicios más básicos. La posibilidad de acceder los mismos es una reivindicación histórica de sus habitantes y la modificación de la LOUA ha entreabierto la puerta a algunos de ellos, una minoría en la complejidad del «caso cordobés», para lograrlo.
No es tarea fácil. Como condición «sine qua non», para acceder a luz y agua potable las parcelas deben primero urbanizarse. Los trámites no son sencillos ni baratos y corren a cargo única y exclusivamente de los propietarios de la parcelación. La nueva LOUA no abarata el proceso, pero flexibiliza el desembolso económico al permitir realizar el proceso por fases. Es decir, si antes los parcelistas debían acometer de una vez toda la reforma, ahora podrán ir paso a paso hasta llegar al último, que sería el proyecto de urbanización.
Otra de las novedades de la LOUA, que apenas tendrá influencia en Córdoba, es la ampliación del alcance de la regularización. Si hasta ahora muchas casas construidas en terreno no urbanizable podían respirar tranquilas una vez prescrito el delito urbanístico de su levantamiento, ahora esa circunstancia se traslada también al suelo, que puede legalizarse. La modificación da además un respiro a algunas (en Córdoba, muy pocas) viviendas que podrán acceder a servicios básicos de forma provisional hasta culminar los trámites, por un plazo de dos años. Leer más
ABC Andalucía 12/08/2016
