Urbanismo «infla» la burbuja del parcelismo
La Gerencia de Urbanismo tiene perfilado el plan de viabilidad para sellar un «agujero» que en abril se cifró en unos 20 millones —por el remanente negativo de tesorería de 2012 o sentencias expropiatorias de mandatos anteriores—. Esta hoja de ruta traza un itinerario a la salvación: ingresar por las parcelaciones. Por un lado, quiere generar fondos con la monetarización de las cesiones obligatorias al Ayuntamiento en los suelos en regularización —traducir en dinero el 10% del aprovechamiento que cualquier promoción, legal o ilegal, debe entregar en suelos o metálico—. Por otro, recaudar por las declaraciones de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Es una figura —surge de un decreto autonómico de 2012— que no legaliza una casa, pero sí reconoce jurídicamente su uso, permite inscribirla en el Registro de la Propiedad y acceder a servicios básicos. Son las autopistas por las que Urbanismo prevé que fluya dinero a sus arcas. Pero representantes del colectivo vecinal, del movimiento parcelista y expertos plantean sus dudas.
Otros dos campos con los que prevé mejorar su situación son las infracciones urbanísticas y la Inspección Técnica de Edificios. Por estos cuatro conceptos quiere ingresar cuatro millones en 2014 y otros tantos en 2015. Pero, dada la crisis y los análisis recabados por ABC, parece que los rectores de Urbanismo han «inflado» la burbuja del parcelismo para cuadrar por ahora los números y evitar despidos —la Gerencia tiene 140 trabajadores—. No en vano, un informe municipal esbozó un ERE. Éste es el análisis de las vías con las que espera mejorar sus ingresos.
Monetarización
La Gerencia prevé percibir en 2014 por ella 2,1 millones. Sería un ingreso histórico. El PGOU de 2001 estableció legalizar, al menos, 4.566 viviendas. Pero ningún enclave ha aprobado aún los proyectos de reparcelación —recoge la monetarización— y urbanización —las obras, que incluyen dotar o mejora de servicios básicos—. Sí hay ya un paquete de parcelaciones que, tras múltiples trámites, están a las puertas de la fase final de la legalización. Y la cuestión clave es: ¿Tienen los parcelistas dinero para monetarizar?
La primera opinión llega del presidente del Consejo de Distrito de El Higuerón, José Rodríguez. En torno al citado órgano ciudadano se creó la Mesa de Parcelaciones, referente en la materia e interlocutora del Ayuntamiento. Rodríguez avisó de que «la gran mayoría [de parcelistas] no está en situación de poner ni una peseta». Matizó que quienes viven en estos núcleos, desean pagar. Para ello, siguió, habrá que fijar un valor de monetarización —o sea, cuánto vale el 10% del aprovechamiento— «razonable» y permitir un abono fraccionado en el tiempo.
En la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, el responsable del área de Ciudad Física, Juan Andrés de Gracia, fue más allá. Cree que hay que analizar el coste total de la regularización —tras abonar el 10%, hay que acometer la urbanización—. Se barajan datos no oficiales al respecto que van de 20.000 euros a 60.000. «Si son 20.000 ó 30.000, los podrá afrontar mucha gente. Si estamos en 60.000, olvidémonos. Urbanismo tiene ahí un papel fundamental», reflexionó
Al-Zahara puntualizó que el edil de Urbanismo, Luis Martín, quiere facilitar los servicios básicos autónomos —no conectados a la red— a los núcleos con la legalización más avanzada «antes de que se ejecute el proyecto de urbanización». «Eso puede ir en detrimento de la presión que tengan los residentes para acabar el proceso legalizador y pagar el 10%», sentenció, si bien recordó que Al-Zahara considera que lo fundamental es la dotación de servicios básicos.
Y cerrar los acuerdos sobre el 10% de aprovechamiento no es freír un huevo. De ello da cuenta Manuel Mellado, abogado de Ecourbe, firma especializada en la legalización de parcelaciones. Representa a las de Barquera Norte; Villa Alegre de la Barquera; Paso de la Barquera; Alamillo; Torreblanca; y Gorgoja. Suman 1.531 casas que esperan cerrar la monetarización —llevan dos años de contactos con Urbanismo— para seguir su legalización y urbanizar.
Explicó que estos núcleos han pedido que el 10% del aprovechamiento se valore como si fuera suelo de VPO. La Gerencia es «bastante receptiva» a ello. En el fraccionamiento del abono, las posturas «están lejanas. Es que es un tema que está verde». Recalcó que es clave autorizar el abono aplazado en el tiempo: «La única forma de hacer viable el proceso es con desembolsos acomodados a la situación actual».
El decano del Colegio de Arquitectos, Felipe Romero, se sumó a las dudas. Afirmó que «veo dificultoso» que los parcelistas tengan fondos para monetarizar: «No disponen de dinero para afrontar eso. El problema económico es el más importante para no avanzar en el proceso de regularización».
El AFO
Urbanismo espera ingresar 1,6 millones en 2014 por las declaraciones de asimilado a fuera de ordenación, a conceder a 529 casas. El AFO se enfoca a las 3.604 viviendas en suelo no urbanizable —ilegales, pues no se recogen en la regularización fijada en el PGOU—, pero muchas de ellas no podrán acogerse a esa figura. El Ayuntamiento también quiere usarla para agilizar la concesión de servicios básicos a las parcelas en regularización, pero su primer intento falló. Iba a recoger esa vía en la ordenanza del AFO, de la que no se sabe nada desde finales de mayo, pero la Junta lo rechazó.
Desde la Mesa de Parcelaciones, el presidente del Consejo de Distrito de El Higuerón dijo que serán «pocos» los parcelistas que puedan afrontar el abono para lograr el AFO. Apostilló que, si Urbanismo les comunicara, como piden, el coste del asimilado a fuera de ordenación, se «podría conocer cuántas personas pueden afrontarlo».
En Al-Zahara, el responsable de Ciudad Física se centró más en cuestiones técnicas: «Dudamos de que haya mucha gente que pueda entrar en el AFO». Lo justificó por la dificultad de las edificaciones aisladas —una de las categorías de suelo no urbanizable— para acceder a esta figura, por el riesgo de la «gran mayoría» de estas parcelaciones de sufrir incendios (Sierra) o inundaciones (las del río). Y recordó que no pueden acogerse al AFO los asentamientos, otra categoría de suelo no urbanizable en la que hay 1.858 de las 3.604 viviendas no regularizables a día de hoy.
Por su parte, al abogado de Ecourbe se mostró escéptico ante las previsiones de ingresos de Urbanismo en esta materia: «Son un poquito generosas y optimistas». Y el decano del Colegio de Arquitectos calcó sus argumentos sobre la monetarización. «La gente se echa atrás en los AFOs por problemas económicos», aseguró.
La sección sindical de CSI-F en la Gerencia se unió al debate. Fuentes de dicha sección calificaron las previsiones por monetarización y AFO de «sobredimensionadas» y dijeron que alcanzarlas será «muy difícil, muy difícil».
Infracciones
Es una fuente de ingresos menor que las anteriores. En este caso, consistiría en mejorar lo que ya se percibe por este capítulo, algo difícil de materializar; sobre todo, en plena crisis con la actividad de capa caída. Baste un ejemplo. Para 2013, el Ayuntamiento prevé recaudar por infracciones urbanísticas 2,6 millones. A fecha del 30 de junio, había generado derechos reconocidos —cantidades sobre las que ya ha expedido un documento que supone un derecho de cobro, aunque aún no se haya ingresado de forma contante y sonante — por valor de 1,2 millones. Pero, si se baja al detalle de lo recaudado en líquido, la cifra era de 17.525 euros. Hay factores que influyen en las sanciones de este tipo: pueden acabar en litigios, lo que demora el cobro, y Urbanismo sufre lentitud en su tramitación por la gran cantidad de multas que tiene pendientes de gestionar.
Inspección de Edificios
Es otro capítulo para engordar las arcas, aunque no es tan potente como los dos primeros. Se basa en la ordenanza de esta materia que obliga a que los inmuebles con más de cien años pasen este año una «ITV» de su estado. En 2014, deberán pasarla los que tengan entre 75 años y un siglo. A partir de 2015, tendrán que hacerlo los que sumen 50 años o más. Urbanismo deberá dar un impulso a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) si quiere recaudar por ella. Ya hubo un precedente y fracasó. Se implantó en primera instancia la ITE en la Axerquía Norte y casi ninguna vivienda pasó el examen.
Además, ahora la Gerencia analiza si ha de modificar su ordenanza. Ello se debe a una nueva ley en la materia del Gobierno central. Ésta plantea que los edificios con más de medio siglo deben pasar esta «ITV» y da para ello un plazo de cinco años —mayor que el de la norma municipal—. Igualmente, exime a las casas unifamiliares, que siguen recogidas en la ordenanza. Al-Zahara ha pedido a Urbanismo que cambie la norma municipal. Leer más
ABC Andalucía 21/07/2013
