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El Parlamento rechaza el acceso a servicios básicos a viviendas en suelo no urbanizable

La portavoz del PP, Patricia Navarro, ha señalado que en Córdoba hay más de 40.000 afectados.

El Parlamento andaluz ha rechazado hoy, con los votos del PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, una proposición no de ley del PP que reclamaba el acceso provisional a los suministros básicos de agua, saneamiento y electricidad para las edificaciones en suelo no urbanizable o en suelo urbano no consolidado.

La portavoz del PP, Patricia Navarro, ha señalado que va más allá de un problema urbanístico y “es un problema social”, ya que ha denunciado que se mantiene a andaluces viviendo “en condiciones tercermundistas” sin agua, saneamiento y electricidad.

Ha alertado de que hay muchas personas viviendo “en condiciones prácticamente chabolistas”, incluso abasteciéndose de agua de pozos que no tienen garantizada la calidad, por lo que “puede suponer muchos problemas de salud”.

Navarro ha explicado que por ejemplo en Córdoba hay más de 40.000 afectadas y en Carmona (Sevilla) otros 15.000, la mayoría de ellos en el caso de la que es su primera y única vivienda.

Ha dicho que se trata de una situación de “emergencia social” ante la que tienen que actuar los poderes públicos, ya que son edificaciones “más que consolidadas”.

La popular ha lamentado las “deficiencias y lagunas” de la “mala ordenación” territorial, que ha hecho que queden más de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía a las que la LOUA sigue “sin dar una solución global”.

Rodrigo Sánchez, del PSOE-A, recordó que también el PP apoyó las últimas modificaciones de la ley Urbanística de Andalucía para legalizar estas viviendas en suelo no urbanizable, salvo en suelos protegidos o inundables, y dar seguridad jurídica a los afectados.

“La Junta ha aportado medidas realistas y serias, y el PP miente e intenta engañar cuando dice que deja sin soluciones a estas viviendas ilegales”, ha denunciado, al tiempo que ha destacado que los servicios básicos están “garantizados” en estos y otros casos.

La diputada de Podemos, Carmen Molina, ha achacado el problema a la ausencia de un modelo de desarrollo urbanístico sostenible por parte de la Junta, lo que ha provocado el “aumento” de viviendas ilegales, un “cáncer que tampoco controlan” los ayuntamientos, ha criticado.

A su juicio, no se resolverá el problema si no se dota de medios a los inspectores urbanísticos, aunque también ha lamentado que las últimas modificaciones legales de la Junta para regularizar viviendas “han premiado a los que incumplen” la ley.

Desde Ciudadanos, la diputada Marta Escrivá ha señalado que el derecho a los suministros de agua y electricidad “no son de las viviendas, son de las personas” y ha abogado por dar facilidades a las viviendas que cumplan con los requisitos mínimos para acceder a esos recursos.

Sin embargo, ha dicho al PP que no busquen a Ciudadanos para hacer “falsas promesas o cometer irregularidades” como puede ser suministrar a viviendas que no tienen instalaciones básicas.

Jose Antonio Castro (IU) ha tildado de “tremendo desaguisado” la regularización de estas viviendas, que ha vinculado a la “permisividad durante años” de la Junta y los ayuntamientos.

Castro ha rechazado la propuesta del PP, entre otros motivos porque “se desconoce” si la Junta, a la que ha acusado de “inacción”, ha llevado efecto la última regularización y porque es un “peligro” legislar pensando en un solo territorio “sin coherencia territorial”. Leer más

Diario Córdoba 10/11/2016

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