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Dotará de los servicios básicos a las viviendas irregulares que se podrán legalizar con la nueva Ley del Suelo.

La nueva Ley del Suelo que el Gobierno regional remitió esta semana a la Asamblea de Madrid incluye una amnistía para regularizar un centenar de asentamientos ilegales en municipios de la Comunidad; unas edificaciones que se llevan tratando de regularizar en los plantes urbanísticos de los ayuntamientos correspondientes desde los años 80. Se trata de urbanizaciones que nacieron en terrenos rurales y en las que los propietarios construyeron primero casetas, y posteriormente hasta chalets, sin autorización de los consistorios, ya que estaban en parcelas no urbanizables. Son edificaciones que no cuentan con instalaciones de servicios –agua, luz, alcantarillado–, ni viales. Sus propietarios toman el suministro de pozos, utilizan depósitos sanitarios para sus deshechos y llevan más de treinta años incumpliendo la legalidad urbanística.
Se trata de situaciones similares a las de la Cañada Real Galiana –que en este caso cuenta con ley propia y, por lo tanto, está fuera de este proceso de regularización–, que se trataron de reparar en la Ley 9/1985 de la Comunidad para el tratamiento de actuaciones urbanísticas ilegales. En dicha norma se creó un procedimiento de legalización que, según explica José Tortosa, director general de Urbanismo del Gobierno regional, «fue un fracaso debido a su complejidad». Es por ello que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha elaborado ahora un nuevo itinerario para poder integrar en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) este tipo de asentamientos ilegales, siempre y cuando no incumplan la normativa medioambiental.
De este modo y a iniciativa de los propietarios de estas urbanizaciones irregulares, la Comunidad facilitará con los ayuntamientos el camino a la legalización. Una vez realizada la solicitud, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se estudiará la casuística y se realizarán informes sectoriales para ver si es posible la regularización. Si todo está en orden y mientras el ayuntamiento competente elabora un Plan Especial para incluir los terrenos en el PGOU, la Comunidad de Madrid proporcionará lo que Tortosa calificó de «urbanización blanda», con los servicios mínimos de agua, luz, saneamiento y viales. «Como previo paso a la legalización a través del planeamiento municipal y tras los informes favorables de Medio Ambiente, se costeará la instalación de servicios y suministros para después reparcelar y urbanizar», detalló el director general de Urbanismo.

Prescripción en ocho años

Eso sí, la regularización no está al alcance de todo aquel que quiera construir una casa ilegal. No sólo es necesario pasar por el informe favorable de Medio Ambiente sino que además la norma está dirigida a los asentamientos preexistentes y no se les permitirá crecer, a menos que sea mediante el procedimiento habitual de modificación del PGOU. Y es que el origen de estos terrenos está en la rápida prescripción de la falta urbanística, apenas cuatro años, y el coste de la restauración –habitualmente por demolición– para los consistorios, que suponían un elevado gasto para las arcas municipales.
Para evitar más asentamientos de este tipo, la nueva Ley del Suelo amplía el plazo de prescripción de estas infracciones hasta ocho años y se endurece el régimen sancionador. Asimismo, las administraciones tendrán la posibilidad de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de las infracciones, y, lo más importante, no tendrán que asumir el coste de las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, ya que será el infractor quien deberá pagar por ello. «Los asentamientos ilegales que no se puedan regularizar están condenados a desaparecer, por que no se podrán mejorar ni rehabilitar para alargar su vida útil», advierte Tortosa. Leer más

El concejal del PP, Luis Martín, ha afirmado que la medida afectaría a aquellas que estén en suelo urbano o urbanizable.

El concejal del PP Luis Martín ha solicitado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) elabore un documento consensuado con todos los colectivos ciudadanos y con los grupos municipales para adelantar luz y agua a las parcelaciones que estén en suelo urbano y urbanizable y que se encuentren en proceso de regularización.

Esta fue una propuesta que el presidente de la GMU, Pedro García, presentó el pasado mes de marzo para que se incluya en la futura reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). (más…)

La Junta muestra «sorpresa» por la forma en la que Urbanismo ha anunciado esta iniciativa. Varios colectivos consideran positiva la medida pero exigen llegar a un mayor número de casas.

Varios colectivos que representan a parcelistas valoran positivamente la propuesta que Urbanismo quiere presentar a la Junta para adelantar servicios básicos a parcelaciones con junta de compensación constituida, que en Córdoba ascienden a trece, pero la consideran «insuficiente». El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, asegura que la idea es «positiva» como «novedad» y por «el esfuerzo de Urbanismo», pero «sigue siendo insuficiente para las aspiraciones del movimiento ciudadano y de la federación». De Gracia valora que «es la primera vez» que Urbanismo «acepta que las modificaciones de la LOUA no nos sirven e intenta que haya una que pueda servir», ya que «hasta ahora la mayoría de las propuestas han partido de los afectados o del movimiento ciudadano» a través de la mesa de El Higuerón. (más…)

El objetivo es que tengan luz y agua sin necesidad de llegar al proyecto de reparcelación.

La Gerencia de Urbanismo ha elaborado una propuesta que presentará hoy en el consejo rector de Urbanismo y que planteará a la Junta de cara a la futura reforma de la LOUA que se está gestando. La propuesta de Urbanismo, presentada hoy por su presidente, Pedro García, y por su gerente, Emilio García, consiste en adelantar servicios básicos (luz, agua y saneamiento) a parcelaciones que están más avanzadas en el proceso de regularización aunque no hayan culminado todos los pasos necesarios, es decir, los proyectos de reparcelación y de urbanización.

La propuesta consiste en dar servicios básicos a urbanizaciones que están en suelo urbano o urbanizable y que tienen constituida la junta de compensación (el conjunto de propietarios). En esa situación están ahora mismo El Sol, Torreblanca, Barquera Norte, parte de El Rubio, la Gorgoja, el Alamillo, El Miguelón, Santa Ana de la Albaida, Cuevas de Altázar, El Cruce, Santo Domingo y Barquera Sur. Algunas de estas parcelaciones se encuentran con el proceso de regularización muy avanzado, como Cuevas de Altázar, que ya tiene aprobado el proyecto de reparcelación, ha pagado a Urbanismo parte del 10% del suelo y tiene elaborado su proyecto de urbanización. Aunque no se ha concretado el número de viviendas afectadas, la medida puede beneficiar «a miles» según García. (más…)

Organiza unas jornadas para recoger aportaciones para una reforma que quiere aprobar en un año.

La Junta ha iniciado el proceso para la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) con el trabajo de campo. Para ello, está organizando jornadas por toda Andalucía con las que pretende recabar aportaciones para el nuevo texto, que, según ha indicado el director general de Ordenación del Territorio, Alejandro Márquez, podría ser aprobado a mitad del 2018 por el Consejo de Gobierno. Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía es el título de la jornada que se celebra hoy en Córdoba, en la que intervienen colegios profesionales, ayuntamientos, partidos políticos, representantes de los consumidores, empresarios, sindicatos y todos los agentes relacionados con el urbanismo. (más…)